Los turistas que lleguen a Cafayate no tendrán que pagar un impuesto por su visita, ya que la ordenanza respectiva fue vetada este martes por el intendente, Fernando Almeda, cinco días después de ser aprobada por el Concejo Deliberante de esa comuna salteña.
El proyecto, presentado en febrero pasado por ediles del Frente para la Victoria, establecía una suma cercana a los 90 pesos por visitante y por rodado que ingresara a ese distrito de los Valles Calchaquíes.
Si bien la suma, de 12 Unidades Tributarias (UT) por persona y otras tantas por vehículo, resultaba mínima en valores actuales, lo curioso es que la propuesta no sólo fue debatida pese al cambio del contexto turístico que generó el coronavirus sino además aprobada el jueves último por unanimidad (técnicamente por mayoría), con el apoyo de seis de los siete ediles, de diferentes partidos, en tanto el presidente no vota salvo para desempatar votaciones.
En momentos en que todos los destinos turísticos procuran aparecer atractivos ante los viajeros para superar la recesión causada por la pandemia, la aprobación de la ordenanza generó críticas y repudios desde el sector empresarial del turismo y de guías locales. Este rechazo generalizado, al que se sumó el ministro de Turismo de Salta, Mario Peña, más algunas complicaciones legales para su aplicación, llevaron a Almeda a anunciar que la vetaría, cosa que finalmente sucedió.
LA ECOTASA
El impuesto, denominado «ecotasa turística» establecía un canon de 12 UT ($7,60 cada una) por persona, lo que equivalía a 91,20 pesos, e igual cantidad por vehículo de hasta 10 personas, que se duplicaba al superar esa cantidad y, si los turistas eran más de 20 se cobrarían 48 UT. Lo recaudado, según el proyecto, sería destinado a obras municipales, en especial para la contención de los periódicos desbordes del río Chuscha.
Un inconveniente legal que presentaba la aplicación de la ordenanza era el lugar de pago, que se había fijado en un control ubicado en la Ruta Nacional 68, a la altura de La Punilla, unos 20 kilómetros antes de ingresar a Cafayate desde la ciudad de Salta, en un espacio que no es territorio municipal, sino federal. Por otra parte, el texto aprobado no precisaba cuál era el órgano encargado de control y fiscalización de los ingresos ni tampoco el responsable del cobro de ese impuesto.
El contenido de la ordenanza, que con los meses transcurridos tras su presentación y la nueva coyuntura turística se volvió anacrónico, fue considerado desalentador para el turismo, a contramano con la política de promociones que encara la mayoría de los destinos turísticos para la poscuarentena, entre ellos la misma provincia de Salta.- (CsM)
